Notas

Semana del 17 al 21 de Enero de 2005
Suspendida Ley de Rio de Janeiro sobre compensación de ICMS. Suspendida, el 19 de enero, la Ley nº 4.482/04, sancionada por el Gobierno del Estado de Rio de Janeiro, que establece criterios para la compensación del ICMS relativo a operaciones de exportación en el ámbito del Estado. La medida cautelar fue concedida por el Presidente de la Corte Suprema, Ministro Nelson Jobim, en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 3390, llevada a juicio por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). De acuerdo con el Ministro, la Constitución Federal determina que materia relativa al régimen de compensación del ICMS debe ser tratada por ley complementar (LC). Para tanto, fue promulgada la LC 87/96 que estableció la compensación del tributo por escrituración. "La ley atacada, además de dar a la materia tratamiento diverso al de la LC 87/96, invade la esfera reservada a la ley complementar, puesto que establece reglas condicionantes del derecho de compensación, afrontando directamente el dispositivo constitucional [artículo 155, párrafo 2º, inciso XII, ítem "c"]", afirmó Jobim. El Ministro resaltó aun que leyes estaduales no pueden tratar el tema, bajo pena de incurrir en inconstitucionalidad. Fuente: Corte Suprema.

Retiro de fondos rescisorios descaracteriza unicidad contractual. La Tercera Sala del Tribunal Superior de Trabajo aceptó recurso de una industria de muebles del Paraná y desechó la caracterización de unicidad contractual en la relación de empleo habida entre la empresa y un carpintero de muebles que fue dimitido y readmitido dos días después. Relator del recurso, el Ministro Carlos Alberto Reis de Paula afirmó que la cobranza de los fondos rescisorios, relativos al primer contrato de trabajo, torna "inviable" el reconocimiento de la unicidad contractual prevista en el artículo 453 de la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT).

Restitución en crédito del ICMS pagado a más. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ministro Edson Vidigal, suspendió la decisión que obligaba al Estado de la Bahía a permitir la devolución, en crédito, de los pagos del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) hechos a más por distribuidoras de bebidas del Estado bajo el régimen de sustitución tributaria. En decisión de primer grado, mantenida por el Tribunal de Justicia del Estado de la Bahía (TJ-BA), la distribuidora Paulo Afonso Comércio e Representações Ltda. y otras habían conseguido la rectificación por el Fisco de las cuantías pagadas a más, siempre que la base de cálculo establecida fuese superior al importe real de la operación realizada posteriormente. Visando la ejecución de sentencia, las autoras entraron con un mandato cautelar de seguridad solicitando no más la rectificación por el Fisco del ICMS cobrado a más, sino la emisión de un certificado de crédito, a fin de poder transferir para terceros la cuantía de, según las distribuidoras, R$6,2 millones. La orden fue concedida en primera instancia, pero el Estado de la Bahía entró en el STJ con un pedido de suspensión de la medida cautelar de seguridad, a pesar de que la demanda ordinaria ya era sentencia judicial final y constituye ahora objeto de acción rescisoria. El Estado alegó la imposibilidad de compensación del ICMS por hecho generador ocurrido a menos e indicó que esa restitución es posible sólo cuando no existe el hecho generador del impuesto. De acuerdo con el Ministro Edson Vidigal, los requisitos justificadores de la concesión de la medida cautelar de seguridad – lesión al orden, salud, seguridad o economía públicas -, que normalmente no se configuran en situaciones como ésta, se hacen presentes en el caso específico. El hecho de que la decisión impugnada autorizó a las autoras a conseguir la emisión de un certificado de crédito que posibilite transferir a terceros las cuantías referentes a la restitución del ICMS constituye lesión a la economía pública porque torna difícil la devolución de las cuantías pagadas, en caso de que haya una eventual modificación de la decisión en las vías ordinarias. Además de eso, según el Ministro, la decisión contraria implicaría un obstáculo a la actuación del Estado cuanto a la fiscalización y la cobranza de los impuestos que le son debidos. De ese modo, el Presidente consideró más prudente aguardar al juzgamiento final de la acción para que, en caso de que fuere vencido el Estado, sea determinado el pago en debate en vez de permitirse la ejecución provisoria de la decisión judicial. Proceso: SS 1453 Fuente: Superior Tribunal de Justicia.

Localización del reo y sus bienes es de interés público. El Estado debe celar por la efectiva prestación jurisdiccional, y la localización del reo y de sus bienes es de interés público. Sin embargo, la intervención judicial debe ser la última opción, sólo ocurriendo cuando fuere imposible a la parte obtener directamente las informaciones necesarias para la localización del reo. Con ese entendimiento, la Camarista Marilene Bonzanini Bernardi, integrante de la 9ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul dio proveimiento al agravio de instrumento interpuesto por particular. Los órganos públicos, como garantía de privacidad, no suministran a particulares informaciones que constan en sus registros, refiere la relatora del recurso. Pero, cuando ya se agotaron todas las alternativas de la parte para obtener los datos necesarios para la localización, señala la magistrada, la opción por la intervención judicial es viable – aunque como último opción. Con base en el artículo 557, § 1º-A, del Código de Proceso Civil, la juzgadora dio proveimiento al recurso y determinó que la Junta Comercial suministrase los datos relativos a la denominación social de la empresa, bien como su dirección. Para la magistrada, la exigencia de comprobación por la parte de que todas las formas para localizar al reo fueron agotadas, serviría apenas para atrasar el curso del proceso. "Esto es contrario al interés de la Justicia que es la rápida prestación jurisdiccional". El juzgamiento aconteció el 25/11/04. Proceso 70010360139 Fuente: Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul.


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